MORELIA, MICH.- El gobierno de Michoacán, que encabezó el perredista Silvano Aureoles Conejo,realizó licitaciones presumiblemente simuladas o irregulares en diversos contratos que en conjunto suman mil 127 millones de pesos, así lo reveló una investigación del Programa de Apoyo al Periodismo en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en colaboración con Milenio.
De acuerdo a la revisión de contratos sobre licitaciones para los nuevos hospitales Civil e Infantil de Morelia, que forman parte de Ciudad Salud, ubicada en realidad en el municipio de Charo y Atapaneo, se pudieron constatar irregularidades con empresas como GCQ Construcciones, relacionada con el exsecretario de Gobierno y excandidato del PAN-PRI-PRD a la gubernatura del estado, Carlos Herrera Tello, o la empresa Samedic, de Alexis Nickin Gaxiola, yerno del excandidato presidencial priista Roberto Madrazo Pintado. También la empresa Roth’s Ingeniería y Constructora Tzaulan resultó favorecida de estas irregularidades.
Un peritaje de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que se realizaron 11 pliegos de observaciones, 16 recomendaciones y 25 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) en la mayor obra pùblica en materia de salud que se ejecutó en el sexenio de Silvano Aureoles, y en donde se invirtieron poco más de 2 mil 600 millones de recurso federal y otros 400 millones de recursos estatales: un monto total por más de 3 mil millones de pesos.
Los resultados del peritaje señalan que el excandidato perredista a la gubernatura Carlos Herrea Tello, también abanderado por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), fungiò como apoderado legal de GCQ Construcciones, empresa que se habría beneficiado con 376.4 millones de pesos por medio de licitaciones simuladas. Herrera Tello era apoderado legal de Quality Construcciones desde el año 2010, pero en 2016 la empresa cambió de nombre y con esa nomenclatura obtuvo los contratos pese a no tener experiencia en construcción de infraestructura de salud y para solventarlo se alió con otra empresa, con la que ganaron la licitaciòn para construir la tercera etapa del Hospital General.
Además, Carlos Herrara era presidente municipal de Zitácuaro cuando GCQ ganó la licitación, lo que constituye un conflicto de interés contenido en la Ley Federal de Servidores Públicos. Uno de los dueños de la constructora es su concuño, Juan Carlos Pérez Olivares y la firma tenía denuncias penales por incumplimiento de obras en el municipio de Tuxpan. Su amistad con el entonces gobernador era por todos conocida, de manera que no fue sorpresa su candidatura. Las empresas que competían fueron descalificadas por registrar mal el nombre del proyecto pese a ofrecer el trabajo por 60 millones de pesos menos, por lo que se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública, que los remitió a la Contraloría del estado, donde se archivó la inconformidad.
GCQ tuco otro lucrativo contrato durante la administración silvanista. El otro fue en 2017, para la remodelación y ampliación del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) por 188.2 millones de pesos; compitió sólo contra RECAM Construcciones, la misma empresa que hizo los trabajos de mejoramiento en la Casa de Gobierno en 2020. De acuerdo a constructores locales, estos “favoritismos” hicieron que muchas empresas constructoras del estado quebraran por la falta de flujo de recursos estatales que acaparaban algunas cuántas empresas ligadas al Gobierno estatal perredista.
Roth’s Ingeniería y Constructora Tzaulan obtuvo un contrato por 430.2 millones de pesos en una licitación en donde competía contra la Constructora Erlort y Asociados, ambas propiedad de los mismo dueños: Manuel Leonardo, Luis Erwin y Luz Eugenia Rodríguez Torres. Se trata del único contrato ganado por estas empresas en Michoacán, donde les aprobaron además 10 convenios por un momento de 160.1 millones de pesos adicionales, lo que suma un total de 590.3 millones de pesos por si fuera poco, le otorgaron un año y medio más de tiempo para entregar la obra, sin sanción alguna de por medio por el retraso en detrimento de la salud de las y los michoacanos.
Pero los presuntos desfalcos no se limitaron a las licitaciones a modo, la ASF encontró en sus investigaciones múltiples irregularidades en estos dos hospitales: pagos por obras no ejecutadas, convenios no justificados, intereses bancarios no reportados, entre otras anomalías, que sumaron 751.6 millones de pesos en observaciones. Por otra parte, la suma de contratos y convenios de ambos hospitales dan un total de mil 842 millones de pesos para el Hospital General y mil 349 millones de pesos en el Infantil. La diferencia entre ambos fue de 492.7 millones de pesos, cuando el primero fue construido para 250 camas y el segundo solo para 100. (Con información del portal www.noventagrados.com.mx)
