Uruapan, Mich.- Sin proporcionar argumentos legales, elementos de la Policía Michoacán impiden labores periodísticas por fuera del hospital San Jorge, ubicado en la calzada la Fuente, el pasado sábado por la noche cuando se intentaba tomar gráficas del estacionamiento hasta donde llegó un herido por arma de fuego, pese a que no se violentaba el acordonamiento, los policías sólo se concretaron a cubrir la lente de los periodistas y señalar que por órdenes de José Rubén Baltazar Mendoza, director de Tránsito y Vialidad Municipal, es que no se debían obtener fotografías.
Si bien es cierto que para el policía como primer respondiente, el primer paso en la preservación del lugar de los hechos es analizar si aún existe peligro latente para la víctima, para otras personas o para el propio policía, debe concretarse a preservar el lugar de los hechos al proteger, aislar y conservar el sitio donde se cometió un delito tal y como se encontró.
Asimismo cuidar las evidencias y evitar que se contaminen o sean afectadas, de igual manera en la zona dónde se ubiquen las víctimas. Sin embargo los reporteros no pretendían acceder al nosocomio, ni violentar el acordonamiento respectivo realizado en el estacionamiento del mismo, únicamente tomar gráficas para mantener informada a la sociedad de los hechos violentos que a diario ocurren en la ciudad de Uruapan, pese a ello, la labor periodística fue impedida en todo momento con el señalamiento que por órdenes del director de Tránsito y Vialidad Municipal.
A los funcionarios públicos se les olvida o ignoran que la labor de informar y mantenerse informado es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en sus artículos 18 y 19, además del artículo 6º Constitucional donde se tiene la libertad fundamental de expresión básicamente asociada a la de informar y ser informado.
Lo anterior deja mucho que desear en los conocimientos adquiridos mediante la capacitación que los elementos policíacos hayan tenido en el Nuevo Sistema de Justicia Penal a fin de que lleven a cabo adecuadamente sus funciones y que la justicia pueda impartirse de manera adecuada.
